Según algunas estimaciones en la Unión Europea hay cerca de 8 millones de trabajadores indocumentados que están empleados en la construcción, la agricultura, la hotelería, la alimentación y otros sectores de actividad económica. La Comisión Europea ha propuesto al Europarlamento una directiva que introduce sanciones contra los empresarios que contratan a inmigrantes en situación irregular. Estas sanciones incluyen multas, la exclusión de las subvenciones y ayudas públicas y el pago de los salarios atrasados. El texto propuesto es complementario a otras medidas restrictivas, como la directiva de retorno o la “tarjeta azul” para inmigrantes calificados.
Al respecto, el Grupo de Río expresó su profunda preocupación por la consideración de la propuesta de “Directiva por la que se establecen sanciones aplicables a los empleadores de residentes ilegales nacionales de terceros países”. Así, el mecanismo de concertación y consulta política latinoamericano considera, con justa razón, que en el actual escenario de crisis económica internacional, la llamada Directiva de Retorno y esta nueva iniciativa no ofrecen una respuesta integral a los flujos migratorios hacia la Unión Europea. De ahí, afirmó que sería deseable promover una regularización migratoria integral que reconozca sus derechos humanos y laborales así como sus aportaciones a los países de acogida. Por último, en su declaración el Grupo hizo notar que las pretendidas sanciones a empleadores de trabajadores en situación irregular tendrían un efecto negativo para los trabajadores migrantes y sus familias, al aumentar las posibilidades de que sean sujetos de explotación laboral.
